Francisco Díaz: “El Estado puede ir un paso más allá y dar un ejemplo aún mayor de inclusión”

Optimista se mostró el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, respecto al impacto que tendrá la Ley 21.015 sobre Inclusión Laboral en el país. A juicio de la autoridad, la norma que establece que las entidades públicas y privadas con 100 o más trabajadores deberán reservar el 1% de sus puestos de trabajo para contratar a personas con discapacidad, generará un cambio cultural.

Si bien reconoce que la nueva norma “es una experiencia inédita”, el personero asegura que tanto el sector público como el privado ya han comenzado a adaptarse.

- Recientemente la subsecretaria de Desarrollo Social, Heidi Berner, señaló que la Ley es más exigente con el sector público ¿por qué se tomó esa decisión?

- Efectivamente la ley es más exigente con el sector público. Al cumplimiento de la cuota del 1%, se le agrega la obligación de selección preferente para personas con discapacidad, en igualdad de mérito. Es decir, si al momento de un concurso para contratar a alguien, se da el caso de que la autoridad tenga que escoger entre dos candidatos con igual puntaje -pero uno de ellos es una persona con discapacidad-, la autoridad tiene la obligación de seleccionarla para el cargo. Creemos que el Estado puede ir un paso más allá y dar un ejemplo aún mayor de inclusión.

- Se espera que la Ley genere cerca de 2.500 empleos en el sector público y 25.000 en el privado. ¿El mercado laboral está preparado para recibir a esa cantidad de personas?

- Somos conscientes de que se trata de una experiencia inédita en el país, donde todos debemos colaborar para su correcta aplicación. Con todo, muchas empresas ya han comenzado sus procesos de adaptación, tenemos que recordar que la ley fue publicada hace ocho meses. El sector público también se ha ido adecuando internamente. Por tanto, creemos que podremos, entre todos, hacer de esta nueva Ley una potente y efectiva herramienta para la inclusión.

- ¿Tienen certeza de que ha sido una adecuación idónea?

- Hemos visto importantes esfuerzos por adaptarse a esta nueva Ley. En otros países ha funcionado.

- Pero en términos prácticos ¿se han realizado capacitaciones a las empresas para educar en este tema?

- Ha sido un proceso muy participativo, de parte de gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. Para elaborar los reglamentos, se hizo un proceso de consulta ciudadana donde participaron cientos de personas, empresas y organizaciones. Hemos realizado diversos seminarios y encuentros con la comunidad empresarial para difundir la ley.

- ¿Cree que la cuota del 1% será suficiente para impulsar un cambio? Algunos expertos señalan que debería ser mayor, considerando que de acuerdo al Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, en Chile un 20% de las personas de 18 años o más está en esa situación.

- Esta cuota ya está impulsando un cambio cultural. Hemos visto cómo muchas empresas están creando gerencias o áreas de inclusión; las organizaciones gremiales y sindicales del Consejo Superior Laboral ya acordaron crear un Consejo Tripartito sobre Discapacidad. Y las propias personas con discapacidad se están abriendo a abordar el tema en su propio entorno laboral. Sobre la suficiencia o no de la cuota, que fue un tema debatido durante la tramitación parlamentaria, tendremos que evaluar a medida que se vaya implementando la Ley.

- ¿Cree que aumentar la cuota será algo necesario en el futuro?

- La ley contiene un mecanismo de evaluación, donde se deberán revisar todas las aristas jurídicas y aplicación práctica. Esperemos esa evaluación.

- Algunos expertos han señalado que la nueva normativa no establece apoyos razonables para facilitar el cambio cultural en las organizaciones y empresas. ¿Qué le parecen esas críticas?

- Muchas veces los ajustes son más sencillos de lo que inicialmente se piensa, pero para la persona con discapacidad son inmensamente relevantes. Por ejemplo, bajar la altura del escritorio, adecuar accesos o servicios, entre otros. Habrá otros casos en que puede ser un poco más oneroso, pero creemos que los beneficios que obtiene la empresa al contratar personas con discapacidad superan con creces estas dificultades.

- Pero probablemente en algunas firmas se deberá invertir para modificar, por ejemplo, la infraestructura o adquirir nuevas tecnologías. ¿Habrá algún subsidio para eso?

-Esta Ley es una regulación de carácter laboral. La obligación de accesibilidad universal de espacios y construcciones viene de antes, desde la ley 20.422 del año 2010 y sus reglamentaciones. Por su parte, el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) también apoya y asesora en la implementación de medidas para este tipo de adecuaciones.

- ¿La ley incluye sanciones por incumplimiento de la cuota de 1%?

- Tiene sanciones. Se trata de una ley laboral cuyo cumplimiento es fiscalizado por la Inspección del Trabajo, y si no se cumple, hay multas que van desde los $ 94 mil hasta los $ 2.800.000.